Sólo consigo sacar una cosa en claro de los últimos procesos judiciales que se han seguido en la Audiencia de Alicante contra políticos: el tamaño del municipio no está directamente relacionado con el volumen del supuesto fraude cometido contra la administración. Y Pego y Vall de Laguar son el ejemplo.
Hace unas semanas, un tribunal juzgó a un ex edil del PP de Pego por haber suplantado, al parecer, la firma del alcalde en una operación urbanística. Los magistrados argumentaron, en resumen, que no hubo ánimo de falsificar nada y que todo se trató de un error en la licencia y le salva de la pena, de 4 años. Pero la curiosidad por este caso no me hubiera despertado si no hubiera tenido en cuenta que el ex alcalde de Pego está en prisión desde hace unos tres años por delitos contra el medio ambiente. Estuvo a punto de convertir en secarral una marjal, nada mes y nada menos. E incluso fue procesado por agredir al enterrador municipal. Claro, con este currículum, esta gente siembra mis dudas. Al tribunal no, y le absolvió.
Otro caso visto para sentencia es del ex alcalde de Vall de Laguar, primero izquierdista, luego socialista. Fiscalía pide 8 años de prisión por prevaricación. Se le acusa de modificar normas subsidiarias a espaldas del pleno. Probablemente su abogado, ex dirigente de EUPV en Calp, expulsado del partido y procesado por supuestos delitos contra la administración, haya convencido también al tribunal.
Juzgan por falsedad documental al ex alcalde de La Vall de Laguart
La Audiencia absuelve al exedil de Pego acusado de suplantar la firma del alcalde