Pueblos pequeños, ‘chanchullos’ que no lo son tanto

Sólo consigo sacar una cosa en claro de los últimos procesos judiciales que se han seguido en la Audiencia de Alicante contra políticos: el tamaño del municipio no está directamente relacionado con el volumen del supuesto fraude cometido contra la administración. Y Pego y Vall de Laguar son el ejemplo.

Hace unas semanas, un tribunal juzgó a un ex edil del PP de Pego por haber suplantado, al parecer, la firma del alcalde en una operación urbanística. Los magistrados argumentaron, en resumen, que no hubo ánimo de falsificar nada y que todo se trató de un error en la licencia y le salva de la pena, de 4 años. Pero la curiosidad por este caso no me hubiera despertado si no hubiera tenido en cuenta que el ex alcalde de Pego está en prisión desde hace unos tres años por delitos contra el medio ambiente. Estuvo a punto de convertir en secarral una marjal, nada mes y nada menos. E incluso fue procesado por agredir al enterrador municipal. Claro, con este currículum, esta gente siembra mis dudas. Al tribunal no, y le absolvió.

Otro caso visto para sentencia es del ex alcalde de Vall de Laguar, primero izquierdista, luego socialista. Fiscalía pide 8 años de prisión por prevaricación. Se le acusa de modificar normas subsidiarias a espaldas del pleno. Probablemente su abogado, ex dirigente de EUPV en Calp, expulsado del partido y procesado por supuestos delitos contra la administración, haya convencido también al tribunal.

Juzgan por falsedad documental al ex alcalde de La Vall de Laguart

La Audiencia absuelve al exedil de Pego acusado de suplantar la firma del alcalde

Al policía que me insultó

Me dirijo a ti, el agente local que el sábado se quiso mofar por mi condición sexual. Todo ello vestido con el uniforme reglamentario y con el aire de superioridad que te da tener una porra bajo el brazo. Llamarme a mi y a un amigo maricón tras haberle multado no me ofende, he de recordarte que hace tiempo que dejó de ser un insulto, al menos para mi. Lo que no ha dejado de serlo es la intención con la que lo hiciste, buscando herir, sentirte superior. Siento desilusionarte, pero no lo conseguiste.

Eran las cinco de la madrugada cuando estaba en una calle del centro de Valencia y fuimos sorprendidos por ti al cometer una infracción. Solicitaste los datos y giraste la multa, la cual se abonará al admitir que este comportamiento fue irregular. No espero que tu hagas lo mismo, tampoco te lo pido, solo deseo que nunca te veas en una situación así, ninguneado por un policía local que está ahí para protegernos.

Intenté que tu grito y descalificación no me afectara aquella noche. Al fin y al cabo, los jóvenes de mi generación (pese a los avances de los últimos años) hemos sido víctimas en demasiadas ocasiones de insultos que no han hecho nada más que darnos fuerza para hacer caso omiso a estos ataques. Pero me es imposible digerir aquella escena, insultándome por la ventanilla de un coche, vomitando odio, mientras tu compañero, consciente de la infracción que estabas cometiendo, aceleraba para que no la siguieras ‘cagando’.

Tu me habrás denunciado, yo no lo haré, pese echar pestes de la comunidad homosexual mientras estabas de servicio. Por no decir que mi infracción se limita al ámbito administrativo y la tuya viene tipificada en el Código Penal. Los dos sabemos que el agente local que te acompañaba no te descubrirá en ningún juicio, pero también sabes lo que nos dijiste y lo que buscabas con ello. Ningún juzgado ni fiscal te investigará por fomentar la homofobia, pero nadie me impide denunciar el ataque del sábado, con libertad y responsabilidad. Un amigo me dijo un día que las palabras son capaces de volar miles de kilómetros, las tuyas agente número 2...9, por ignorantes y absurdas, no salieron de tu coche esa madrugada. 

Tirón de orejas

La decisión de los dos Colegios de Abogados (Alicante y Valencia) más numerosos de la Comunidad de torpedear la actividad judicial para hacerse notar y protestar por lo que consideran un hachazo a sus retribuciones por el turno de oficio, no ha gustado a la judicatura valenciana. La primera semana de febrero, ambas instituciones pactaron una batería de presión por la rebaja ‘unilateral’ en sus pagos, que empezarán aplicarse en el mes de marzo. En concreto, la medida que más suspicacia ha creado es que el servicio de guardia y asistencia al detenido e imputado se centralizará a través del personal de los colegios en horario laboral y fuera de él por medio de letrados coordinadores, de modo que los "centros de detención y órganos judiciales no podrán dirigirse directamente a los letrados designados y deberán atenerse al nuevo protocolo temporal establecido".

El primero en posicionarse contra la propuesta fue Vicente Magro. El presidente de la Audiencia de Alicante pidió un día después de anunciarse responsabilidad a ambas partes e instó a Justicia a promover una reunión para sellar algún tipo de acuerdo. Sobre todo, porque todavía hay que desarrollar el decreto que contemple la norma que, en algunos casos, incluye una reducción de más del 40% en servicios del turno.

Foto: Roberto Pérez (elmundo.es)

Esta semana se ha sumado la sala de Gobierno del TSJ. En un comunicado, el Alto Tribunal valenciano dio un tirón de orejas a los colegiados, aunque solo a los de Valencia. Será que en Alicante no ha tenido la incidencia que esperaban… ¿o sí? En cualquier caso, el TSJ recuerda a los Colegios que no designar abogado del turno de oficio para la asistencia a detenidos "tiene difícil acomodo legal y puede vulnerar derechos fundamentales", "máxime cuando por definición estas actuaciones son siempre urgentes y perentorias".  Todo ello está provocando, tal y como dijo Magro, "innumerables y prolongados retrasos en la práctica de diligencias, en ocasiones trascendentales, urgentes e inaplazables”. Incluso en algún caso se ha retrasado la práctica de diligencias de entrada y registro.

De poco servirá este tirón de orejas si ninguna de sus partes da su brazo a torcer, si nadie asume su parte de responsabilidad y se adapta a la actual coyuntura, como estamos haciendo todo. Entre tanto, los que pierden, siguen siendo los mismos, los ciudadanos. Y encima, los que menos recursos tienen.

Los letrados de Alicante protestan por los impagos al turno

"Justicia me debe más de 3.000 euros"

2.075 argumentos

Poco se está hablando estos días de la repercusión directa que tendrá el cierre de una aeorolinea que durante años ha servido de bandera a políticos y empresarios para exaltar el tejido empresarial español. Creada en 1986, el cierre de Spanair deja tras de si un rastro desolador, y no sólo para los clientes que adquirieron sus billetes pese a que la compañía ya sabía que no le quedaba dinero ni para combustible, y que ya nadie le prestaba más crédito. 2.075 empleados (932 auxiliares de vuelo, 395 pilotos, 325 personas adscritas a servicios generales, 192 que se dedican al mantenimiento de aeronaves, 196 que trabajan en oficinas de ventas y 35 de almacenes) se han quedado en la calle y ni tan siquiera han recibido una comunicación oficial de la compañía. 2.075 argumentos contra el cierre sin justificación de una empresa con financiación pública que ha estado dirigida por ejecutivos que se han embolsado sueldos millonarios mientras la aerolínea iba a pique. Y con ella, sus trabajadores.

 Fuente foto: abc.es

No son sólo una cifra utilizada en ocasiones sin tacto, sino familias (en muchos casos con más de un miembro afectado por la quiebra) que se quedan sin recursos en el peor de los escenarios económicos de las últimas décadas. Sólo han recibido 1.000 euros a cuenta de la nómina del mes de enero, pese a que ellos, los verdaderos damnificados de Spanair, tienen derecho a cobrar inmediatamente el salario correspondiente a los 30 días anteriores a la declaración concursal, según la legislación. Sin embargo, la situación de insolvencia de la firma y la más que previsible dilatación en el tiempo del proceso judicial (que acaba de empezar) harán que los verdaderos motores de Spanair no cobren (ni tan siquiera) su correspondiente indemnización hasta dentro de unos años. ¿Y mientras tanto? Trabajadores, con expedientes intachables y que se esforzaron por mantener la credibilidad de la empresa tras su último accidente, están en la calle, olvidados por la empresa, pero también por la Administración. Ellos son los 2.075 argumentos contra el cierre de una empresa que nadie sabe qué hizo mal para perder dinero donde ahora las low cost harán negocio.