El estudio publicado el viernes por el Consejo General del Poder Judicial no hace más que constatar la tendencia al alza de los desahucios en España. Y Alicante se consolida como una de las provincias donde más alzamientos se tramitan. Según este estudio, sólo entre abril y junio los juzgados alicantinos tramitaron 1.137 procesos. Sin embargo, también se ha registrado un cambio de tendencia en los desahucios paralizados por la presión ciudadana: más de 70 en todo el territorio nacional y tres, de momento, en la provincia. Es la herencia que deja el 15M, una corriente que se ha convertido en la peor pesadilla para las entidades bancarias y que alega a la Constitución para evitar que los propietarios de una vivienda se queden en la calle y mantengan su deuda hipotecaria.
Pero, ¿quiénes integran este movimiento? Son abogados, parados, jubilados o estudiantes que se han convertido en los Robin Hood del siglo XXI. En su mayoría personas con titulación universitaria o con formación social que han dejado de estar de brazos cruzados para ponerle las cosas difíciles a las comisiones judiciales. Eso sí, hay un nexo común que les unes, «que todos estamos hipotecados». El cliché de los perroflautas ya cayó tras las revueltas que dieron origen a esta corriente.
Antonio Palazón es uno de los integrantes del colectivo en Elche. Un abogado combativo que ha cambiado la comodidad de un bufete por las losas de la plaza del Ayuntamiento ilicitano donde se sienta a asesorar a los afectados para cambiar un sistema que, a tenor de los resultados, no funciona. Y sus planteamientos están dando un giro a la doctrina judicial. Este verano logró que la juez del juzgado número 5 de Elche dictara una providencia aceptando los razonamientos de causa social para no efectuar el desahucio de dos personas mayores, con minusvalías y el marido muy enfermo. Es más, la juez hizo extensivo el razonamiento a quienes se encuentren en situación económica precaria, o que implican a menores o ancianos.
Todavía es prematuro para saber si sus propuestas se introducirán en un nuevo modelo hipotecario, pero estos ciudadanos aseguran contar con el apoyo de la sociedad para materializarlo. Gloria Marín, jubilada, lleva toda su vida vinculada a movimientos sociales. «Es una cuestión social tan vigente e injusta» que no pudo resistirse a formar parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Marín admite que en muchos casos los afectados no fueron conscientes de dónde se metían al solicitar un crédito, aunque puntualiza que «nosotros sólo tratamos casos de primera residencia» y no de los que quisieron hacer negocio con el boom de ladrillo y la jugada les salió mal. «Lo que si estamos consiguiendo son muchos aplazamientos», es decir, «que la gente gane un poco de tiempo y pueda seguir estando en su casa». Su estrategia pasa por dejarse sentir frente a los bancos. «No sólo nos concentramos los miembros de la plataforma, se suma mucha gente» que entiende sus reivindicaciones. Periodistas, amas de cada o, incluso, los propios policías les dan fuerza en la calle para que no dejen de portar pancartas.
